Caso Garrido y Baigorria
La detención la ordenó la Justicia Federal. Dos ex jueces de la provincia fueron arrestados, junto con 19 efectivos retirados. Las víctimas fueron vistas por última vez en abril de 1990, en el parque San Martín.
La Justicia Federal detuvo en las últimas horas (miércoles 21-2-2024) a 21 personas, entre ellas un ex juez y un ex fiscal, por las desapariciones forzadas de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, ocurridas el 28 de abril de 1990 en el Parque General San Martín, de la ciudad de Mendoza.
El caso es investigado por fiscal federal Fernando Alcaraz, quien solicitó al juez federal Marcelo Garnica que ordenara las capturas del ex magistrado Enrique Knoll y del ex fiscal Adelmo Argüello (actuó como juez de la causa). Los restantes arrestados son ex policías de Mendoza, la mayoría integrantes de las áreas de Motorizada, Comisaría Quinta e Investigaciones.
En tal sentido, un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó que “los jueces [de instrucción] Knoll y Arguello no cumplieron [con] sus obligaciones legales, actuaron con parcialidad manifiesta y habrían incurrido en delitos en el ejercicio de sus funciones”.
Los operativos estuvieron a cargo de personal de la Gendarmería Nacional, que realizaron en total 25 allanamientos.
Los 21 detenidos están sospechados como coautores del delito privación ilegítima de la libertad, de acuerdo con lo que tipifica el artículo 142 ter del Código Penal: “Se impondrá prisión de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona”.
Y agrega: “La pena será de prisión perpetua si resultare la muerte o si la víctima fuere una mujer embarazada, una persona menor de dieciocho (18) años, una persona mayor de setenta (70) años o una persona con discapacidad. La misma pena se impondrá cuando la víctima sea una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre”.
Las detenciones ocurrieron durante el gobierno provincial de José Octavio Bordón
Información de Defensoría del Pueblo CABA
CASO GARRIDO Y BAIGORRIA VS. ARGENTINA (DERECHO A LA VIDA – DESAPARICIÓN FORZADA)
- mayo 5, 2020
DERECHO A LA VIDA – DESAPARICIÓN FORZADA
Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Sentencia de 2 de febrero de 1996
Antecedentes
Los hechos del caso se inician el 28 de abril de 1990 cuando Adolfo Argentino Garrido Calderón y Raúl Baigorria Balmaceda fueron detenidos por personal de la Policía en la ciudad de Mendoza. A las pocas horas sus familiares fueron comunicados de los hechos por una testigo. Iniciaron una intensa búsqueda en dependencias judiciales, policiales y sanitarias. Asimismo, interpusieron una serie de recursos judiciales para ubicar su paradero e iniciar las investigaciones correspondientes. Sin embargo, ninguna acción tuvo éxito.
Declaración de la Comisión
Declarar que se le imputa al Estado de Argentina responsabilidad de las
desapariciones de Raúl Baigorria y Adolfo Garrido conforme el artículo 1.1 de la
Convención y que, como consecuencia, son imputables al Estado argentino violaciones a
los artículos 4 (derecho a la vida); 5 (derecho a que se respete su integridad física,
psíquica, y moral) y; 7 (derecho a la libertad personal) de la misma.
Reconocimiento de responsabilidad del Estado Argentino
El Gobierno de la República Argentina acepta los hechos expuestos en el item II de la
demanda en relación con la situación de los señores Raúl Baigorria y Adolfo Garrido, los
que coinciden sustancialmente con los contenidos en la presentación ante la Ilustre
Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en su momento no fueron cuestionados.
El Gobierno de la República Argentina acepta las consecuencias jurídicas que de los hechos referidos en el párrafo anterior se siguen para el Gobierno, a la luz del artículo 28 párrafos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que no ha resultado posible para la instancia competente identificar a la o las personas penalmente responsables de los ilícitos de los que han sido objeto los señores Raúl Baigorria y Adolfo Garrido y, de ese modo, esclarecer su destino.
Estándares aplicables por la Corte
Dado el reconocimiento efectuado por la Argentina, la Corte considera que no existe controversia entre las partes en cuanto a los hechos que dieron origen al presente caso, ni en cuanto a la responsabilidad internacional.
Dadas las conversaciones existentes entre el Gobierno, la Comisión y los representantes de las víctimas, a las que las partes interesadas han hecho referencia en de 1 de febrero de 1996 y en escritos presentados con anterioridad a ella, parece adecuado concederles un plazo de seis meses a fin de que lleguen a un acuerdo sobre reparaciones e indemnizaciones.
La Corte se permite señalar la diferencia existente entre la suspensión del procedimiento, lo cual resulta inadmisible, y el otorgamiento de un plazo para lograr un acuerdo sobre reparaciones e indemnizaciones, como esta Corte ha decidido en algunos casos anteriores. Esto último se halla dentro de la competencia del Tribunal y, en el presente caso, puede ser un método adecuado para lograr un acuerdo sobre reparaciones e indemnizaciones.
Decisión
- La Corte toma nota del reconocimiento efectuado por la Argentina acerca de los hechos articulados en la demanda.
- Toma nota igualmente de su reconocimiento de responsabilidad internacional por dichos hechos.
- Concede a las partes un plazo de seis meses a partir de la fecha de la presente sentencia para llegar a un acuerdo sobre reparaciones e indemnizaciones.
- Se reserva la facultad de revisar y aprobar dicho acuerdo y, en el caso de no llegar a él, de continuar el procedimiento sobre reparaciones e indemnizaciones.
Reparaciones y costas (resumen, ver sentencia)
- las normas de derecho argentino que garantizan el derecho a la vida no han sido obedecidas
- para asegurar su efectividad, la Argentina debe aplicar las disposiciones previstas para los casos de incumplimiento, o sea, imponer las correspondientes sanciones.
- Estas son, precisamente, las medidas previstas por la Convención Americana y que el Estado debe tomar para asegurar la efectividad de lo garantizado por aquélla.
- Las obligaciones fundamentales que consagra la Convención Americana para proteger los derechos y libertades indicados en sus artículos 3 a 25 son la de adaptar el derecho interno a lo prescrito en aquella y la de reparar, para garantizar así todos los derechos consagrados.
Deber de actuar en el ámbito interno
- La obligación de garantía y efectividad es autónoma y distinta de la de reparación. La razón de esta diferencia se manifiesta en lo siguiente:
- la reparación (art. 63.1), tiende a borrar las consecuencias del acto ilícito … el afectado puede renunciar a ella.
- En cambio, aun cuando el particular damnificado perdone al autor de la violación de sus derechos el Estado está obligado a sancionarlo…
- La obligación del Estado de investigar los hechos y sancionar a los culpables persigue que cada Estado Parte asegure en su orden jurídico los derechos y libertades consagrados en la Convención.
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