Los periodistas de Canal 7 de Mendoza, Pablo Rodríguez, Marisol Benegas y Antonio González fueron atacados mientras cumplían su tarea informativa por hinchas del club Colo Colo, de Santiago de Chile, en la plaza Independencia de la capital mendocina.
El Sindicato de Prensa de Mendoza (SiPreMza) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) repudiaron las agresiones, se solidarizaron con los periodistas agredidos y reclamaron a las autoridades provinciales que resguarden la seguridad
El comunicado de Fopea
«El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) se solidariza con los periodistas mendocinos agredidos violentamente por hinchas del club Colo Colo (Chile) en la tarde del jueves 22. Los colegas Pablo Rodríguez y Antonio González (Canal 7-Mendoza) se encontraban cubriendo la previa del partido entre Godoy Cruz y el conjunto chileno, por la Copa Libertadores, cuando fueron atacados por un grupo de hinchas de Colo Colo que quisieron robarles los equipos de trabajo y los golpearon brutalmente. El hecho ocurrió en inmediaciones de Plaza Independencia y la intervención de un grupo de preventores municipales permitió detener a los agresores. FOPEA reclama a las autoridades deportivas y de seguridad de Mendoza que apliquen las sanciones correspondientes, y que tomen también determinaciones que impidan futuras agresiones a periodistas durante la cobertura de eventos deportivos».
Sindicato de Prensa de Mendoza
«El SiPreMza repudia la violencia desplegada por hinchas de Colo Colo contra un equipo periodístico de Canal 7 Mendoza. Los camarógrafos Pablo Rodríguez y Antonio González fueron atacados a patadas y cinturonazos.
«La periodista Marisol Benegas, delegada del SiPreMza también afrontó la violencia del hecho.
Ataque a camarógrafo de Canal 7 Mendoza por hinchas del Colo Colo (foto publicada por medios)
«Repudiamos lo sucedido y la impunidad con la que los hinchas de Colo Colo han desplegado su violencia, en distintos hechos durante su paso por Mendoza, sin la debida intervención de las fuerzas de seguridad que deben actuar en resguardo de la seguridad de la población
«Demandamos la intervención de las autoridades competentes para la aplicación de las sanciones legales a todos los responsables del hecho. Nuestra solidaridad con nuestra colega Marisol Benegas y los camarógrafos Pablo Rodríguez y Antonio González«
La película «Sebastián Moro, el caminante» culminó su gira por ciudades europeas en las que fue proyectada con debates posteriores sobre el asesinato del periodista argentino. oriundo de Mendoza, que le da nombre al filme en medio del golpe de Estado en Bolivia en 2019.
La directora y guionista María Laura Cali, acompañada por el productor general y coguionista, Marcelo Schapces, acompañaron a la cinta que fue debatida por, entre otros, Jeremy Corbyn (histórico líder del Partido Laborista inglés); Stella Assange (esposa del periodista Julian Assange), Manu Pineda (diputado español por Izquierda Unida en el Parlamento europeo), Genevive Garrigos (concejala de París y expresidenta de Amnesty International France); y Maurice Lemoine (exdirector de Le Monde Diplomatique).
Según informó la agencia oficial argentina Telam la gira de «Sebastián Moro, el caminante» entre enero y febrero incluyo ciudades como París, Londres, el Parlamento Europeo en Bruselas, Ginebra, La Haya y Madrid.
El documental, coproducción entre Argentina y Bolivia, fue estrenado en 2023 y narra los últimos días de Moro asesinado en los inicios del golpe de Estado en Bolivia en noviembre de 2019.
A su vez, la película ha quedado pre seleccionada por Bolivia en primera fase para los premios del cine Iberoamericano, Platino 2024 en el rubro Mejor Documental, que se llevarán a cabo en México.
El filme «Sebastián Moro, el caminante», coproducción argentina-boliviana dirigida por María Laura Cali, había sido coronada anteriormente con dos lauros en la premiación del Primer Festival de Cine de la Provincia de Buenos Aires (Ficpba). Las distinciones se dieron en una semana donde además obtuvo un par de declaraciones de Interés de parte de las Cámaras de Diputados de Mendoza y Buenos Aires.
La película que se propone como una investigación sensible y poética sobre la muerte del periodista mendocino -egresado de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Cuyo- en Bolivia en 2019 y se impuso en el Ficpba como Mejor Documental en la Competencia Internacional de Largometrajes y su realizadora Cali mereció el Premio Género DAC a la Mejor Directora Argentina.
«La historia particular de Sebastián también es un reflejo de la historia latinoamericana con el avance constante de las fuerzas reaccionarias y las grandes empresas transnacionales para apropiarse de los recursos naturales de nuestra región», dijo a Télam en su oportunidad la directora.
Muestra sobre Sebastián Moro en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza(foto Archivo LG)
La película que se propone como una investigación sensible y poética sobre la muerte del periodista mendocino Sebastián Moro en Bolivia en 2019, se impuso en el Ficpba como Mejor Documental en la Competencia Internacional de Largometrajes y su realizadora Cali mereció el Premio Género DAC a la Mejor Directora Argentina.
«La historia particular de Sebastián también es un reflejo de la historia latinoamericana con el avance constante de las fuerzas reaccionarias y las grandes empresas transnacionales para apropiarse de los recursos naturales de nuestra región», dijo a Télam en mayo último la también directora de «Los ñoquis» (2019).
El camino de «Sebastián Moro, el caminante», tendrá su estreno boliviano el jueves 5 de octubre en la Cinemateca Boliviana de la ciudad de La Paz.
La detención la ordenó la Justicia Federal. Dos ex jueces de la provincia fueron arrestados, junto con 19 efectivos retirados. Las víctimas fueron vistas por última vez en abril de 1990, en el parque San Martín.
Baigorria y Garrido.
La Justicia Federal detuvo en las últimas horas (miércoles 21-2-2024) a 21 personas, entre ellas un ex juez y un ex fiscal, por las desapariciones forzadas de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, ocurridas el 28 de abril de 1990 en el Parque General San Martín, de la ciudad de Mendoza.
El caso es investigado por fiscal federal Fernando Alcaraz, quien solicitó al juez federal Marcelo Garnica que ordenara las capturas del ex magistrado Enrique Knoll y del ex fiscal Adelmo Argüello (actuó como juez de la causa). Los restantes arrestados son ex policías de Mendoza, la mayoría integrantes de las áreas de Motorizada, Comisaría Quinta e Investigaciones.
En tal sentido, un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó que “los jueces [de instrucción] Knoll y Arguello no cumplieron [con] sus obligaciones legales, actuaron con parcialidad manifiesta y habrían incurrido en delitos en el ejercicio de sus funciones”.
Los operativos estuvieron a cargo de personal de la Gendarmería Nacional, que realizaron en total 25 allanamientos.
Los 21 detenidos están sospechados como coautores del delito privación ilegítima de la libertad, de acuerdo con lo que tipifica el artículo 142 ter del Código Penal: “Se impondrá prisión de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona”.
Y agrega: “La pena será de prisión perpetua si resultare la muerte o si la víctima fuere una mujer embarazada, una persona menor de dieciocho (18) años, una persona mayor de setenta (70) años o una persona con discapacidad. La misma pena se impondrá cuando la víctima sea una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre”.
Las detenciones ocurrieron durante el gobierno provincial de José Octavio Bordón
Información de Defensoría del Pueblo CABA
CASO GARRIDO Y BAIGORRIA VS. ARGENTINA (DERECHO A LA VIDA – DESAPARICIÓN FORZADA)
mayo 5, 2020
DERECHO A LA VIDA – DESAPARICIÓN FORZADA
Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Sentencia de 2 de febrero de 1996
Antecedentes
Los hechos del caso se inician el 28 de abril de 1990 cuando Adolfo Argentino Garrido Calderón y Raúl Baigorria Balmaceda fueron detenidos por personal de la Policía en la ciudad de Mendoza. A las pocas horas sus familiares fueron comunicados de los hechos por una testigo. Iniciaron una intensa búsqueda en dependencias judiciales, policiales y sanitarias. Asimismo, interpusieron una serie de recursos judiciales para ubicar su paradero e iniciar las investigaciones correspondientes. Sin embargo, ninguna acción tuvo éxito.
Declaración de la Comisión
Declarar que se le imputa al Estado de Argentina responsabilidad de las
desapariciones de Raúl Baigorria y Adolfo Garrido conforme el artículo 1.1 de la
Convención y que, como consecuencia, son imputables al Estado argentino violaciones a
los artículos 4 (derecho a la vida); 5 (derecho a que se respete su integridad física,
psíquica, y moral) y; 7 (derecho a la libertad personal) de la misma.
Reconocimiento de responsabilidad del Estado Argentino
El Gobierno de la República Argentina acepta los hechos expuestos en el item II de la
demanda en relación con la situación de los señores Raúl Baigorria y Adolfo Garrido, los
que coinciden sustancialmente con los contenidos en la presentación ante la Ilustre
Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en su momento no fueron cuestionados.
El Gobierno de la República Argentina acepta las consecuencias jurídicas que de los hechos referidos en el párrafo anterior se siguen para el Gobierno, a la luz del artículo 28 párrafos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que no ha resultado posible para la instancia competente identificar a la o las personas penalmente responsables de los ilícitos de los que han sido objeto los señores Raúl Baigorria y Adolfo Garrido y, de ese modo, esclarecer su destino.
Estándares aplicables por la Corte
Dado el reconocimiento efectuado por la Argentina, la Corte considera que no existe controversia entre las partes en cuanto a los hechos que dieron origen al presente caso, ni en cuanto a la responsabilidad internacional.
Dadas las conversaciones existentes entre el Gobierno, la Comisión y los representantes de las víctimas, a las que las partes interesadas han hecho referencia en de 1 de febrero de 1996 y en escritos presentados con anterioridad a ella, parece adecuado concederles un plazo de seis meses a fin de que lleguen a un acuerdo sobre reparaciones e indemnizaciones.
La Corte se permite señalar la diferencia existente entre la suspensión del procedimiento, lo cual resulta inadmisible, y el otorgamiento de un plazo para lograr un acuerdo sobre reparaciones e indemnizaciones, como esta Corte ha decidido en algunos casos anteriores. Esto último se halla dentro de la competencia del Tribunal y, en el presente caso, puede ser un método adecuado para lograr un acuerdo sobre reparaciones e indemnizaciones.
Decisión
La Corte toma nota del reconocimiento efectuado por la Argentina acerca de los hechos articulados en la demanda.
Toma nota igualmente de su reconocimiento de responsabilidad internacional por dichos hechos.
Concede a las partes un plazo de seis meses a partir de la fecha de la presente sentencia para llegar a un acuerdo sobre reparaciones e indemnizaciones.
Se reserva la facultad de revisar y aprobar dicho acuerdo y, en el caso de no llegar a él, de continuar el procedimiento sobre reparaciones e indemnizaciones.
Reparaciones y costas (resumen, ver sentencia)
las normas de derecho argentino que garantizan el derecho a la vida no han sido obedecidas
para asegurar su efectividad, la Argentina debe aplicar las disposiciones previstas para los casos de incumplimiento, o sea, imponer las correspondientes sanciones.
Estas son, precisamente, las medidas previstas por la Convención Americana y que el Estado debe tomar para asegurar la efectividad de lo garantizado por aquélla.
Las obligaciones fundamentales que consagra la Convención Americana para proteger los derechos y libertades indicados en sus artículos 3 a 25 son la de adaptar el derecho interno a lo prescrito en aquella y la de reparar, para garantizar así todos los derechos consagrados.
Deber de actuar en el ámbito interno
La obligación de garantía y efectividad es autónoma y distinta de la de reparación. La razón de esta diferencia se manifiesta en lo siguiente:
la reparación (art. 63.1), tiende a borrar las consecuencias del acto ilícito … el afectado puede renunciar a ella.
En cambio, aun cuando el particular damnificado perdone al autor de la violación de sus derechos el Estado está obligado a sancionarlo…
La obligación del Estado de investigar los hechos y sancionar a los culpables persigue que cada Estado Parte asegure en su orden jurídico los derechos y libertades consagrados en la Convención.
Laura Richardson de visita por Uruguay, Argentina y Chile
Laura Richardson, general del Comando Sur, en el Ministerio de Defensa, Montevideo. (FOCOUY, SOFÍA TORRES)
El Gulfstream C-37B de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF, por sus siglas en inglés) que aterrizó en Montevideo con la comandante en jefe del Comando Sur, Laura Richardson, a bordo posee capacidad para 12 pasajeros y es operado por el 99.º Airlift Squadron de la USAF, que se dedica a las misiones especiales de los funcionarios VIP. Una muestra del poder que maneja la general.
Conviene detenerse en las características y las funciones de los cinco comandos de combate unificados geográficos y en las competencias de sus commanders in chief (CINC, en la jerga del Pentágono). Hay otros seis comandos unificados, pero son de carácter funcional.
En la década del 90, para lograr votos para ciertas iniciativas de política exterior y evitar controles del Congreso, dominado por los republicanos, el presidente Bill Clinton encontró el atajo de transferir la formulación y la ejecución de ciertas políticas y los recursos correspondientes al Pentágono. Por entonces, Fukuyama había declarado el fin de la historia, estaban en auge las operaciones de paz y se creía en la imposición de la democracia por vía militar. Los cinco CINC eran funcionales para todo ello. Así, la política exterior de Estados Unidos inició su militarización irreversible.
Una serie de artículos publicados a partir del 28 de setiembre de 2000 en el Washington Post, con la firma de Dana Priest, echó luz sobre aquel fenómeno por entonces desconocido. La investigación requirió varios meses, miles de quilómetros de viaje junto con los CINC de la época, la visita a 18 países y la participación con ellos en entrevistas con presidentes, jeques, reyes y altos funcionarios en los cinco continentes.
Estos generales de cuatro estrellas, escribió Priest un cuarto de siglo atrás, son el equivalente contemporáneo de los procónsules del Imperio romano. En tiempos de guerra, conducen las operaciones militares estadounidenses alrededor del mundo y en tiempos de paz, reinan como procónsules. El fenómeno no hizo más que crecer y actualmente los cuarteles generales de los CINC de los comandos de combate unificados geográficos son emporios de elaboración de planes y políticas. Los organismos vinculados a la política exterior del gobierno estadounidense destacan allí a sus representantes. También los gobiernos destinan agregados militares a los comandos. Los CINC reportan directamente al presidente y al secretario de Defensa, una muestra de su influencia.
¿A qué vino Laura Richardson a Uruguay? La pregunta es casi retórica. Militares y diplomáticos son dos categorías de funcionarios estatales que hacen culto del secreto. Para saber lo que trajo a la general Richardson por estas latitudes (también visitará Argentina y Chile) lo más útil es revisar el texto de alguno de sus informes anuales al Congreso. Igualmente, es interesante cotejar las declaraciones de la visitante y las de su anfitrión, el ministro de Defensa, Javier García.
Según la embajada de Estados Unidos, el objetivo de la visita es «discutir la asociación bilateral en defensa entre Estados Unidos y Uruguay», y detalla un variopinto abanico de asuntos de supuesto interés mutuo: «preparación para desastres, mantenimiento de la paz, derechos humanos, seguridad marítima, ciberseguridad, cooperación espacial, desarrollo de capacidades de defensa, educación y formación profesional, e integración de mujeres en misiones de paz, defensa y seguridad». La enumeración no disimula el objetivo de confundir las más diversas esferas y así propiciar el empleo de los militares en las más variadas tareas.
El ministro de Defensa Nacional, en tanto, no tuvo remilgos en vincular la visita de la comandante en jefe del Comando Sur a las carencias de equipo de las Fuerzas Armadas. Recordó los notorios esfuerzos del gobierno que integra para alinearse con los objetivos y los intereses de Estados Unidos y enumeró al diario El País la donación de tres pequeñas patrulleras fluviales en el marco del programa Excess Defense Articles, la promesa de donar a Uruguay 14 vehículos blindados para el Ejército y su deseo de obtener radares costeros para la Armada y camiones para el Ejército gracias al programa Foreign Military Sales.
En sintonía con el tono mendicante de su anfitrión y sin que nadie se lo preguntara, Richardson anunció en su primera aparición pública una donación para el cuerpo de bomberos, demostración –dijo– de que el arsenal de recursos del Comando Sur para ganar fidelidades, además del hard power («poder duro»), también incluye el soft power («poder blando»).
Lo que la CINC del Comando Sur se cuidó de mencionar públicamente es que el objetivo de sus despliegues de poder –blando y duro– es contar con Uruguay como aliado en el combate a su enemigo chino, garantizar el acceso privilegiado de Estados Unidos a nuestros recursos naturales y tener la posibilidad de operar en nuestro territorio, cuya importancia estratégica en el Atlántico Sur y su ubicación en relación con los grandes ríos navegables de la región conviene no ignorar.
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